Ciudad de México/Washington. La administración de Donald Trump exige la extradición del gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos. Otros nueve políticos de su entorno también se ven afectados.
Las acusaciones específicas contra Rocha Moya y otros representantes del gobierno, todos ellos pertenecientes al partido Morena, se relacionan con su participación en el cartel de la droga de Sinaloa “Los Chapitos”. Bajo la protección de Moya y sus colaboradores más cercanos, como el jefe de seguridad interior del estado de Sinaloa, el ministro de Hacienda y el jefe de policía, así como varios políticos activos en el estado y el alcalde del municipio de Culiacán, el cártel de la droga habría entregado grandes cantidades de drogas sintéticas como metanfetamina, anfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Según documentos presentados públicamente por el portal de noticias Aristegui Noticias, el cartel habría sido escoltado por la Guardia Nacional y la policía federal durante los transportes de droga.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) anunció este miércoles en un comunicado que Estados Unidos, a través de su embajada en Ciudad de México, presentó solicitudes de extradición de diez funcionarios del gobierno y exige su ejecución. “Las solicitudes serán trasladadas a la Procuraduría General de Justicia de México, la cual procederá conforme al derecho internacional de extradición”, señala el comunicado.
El ministerio anuncia que en las solicitudes no se presentaron pruebas y por lo tanto no hay motivos para extraditar a los políticos.
La actual presidenta Claudia Scheinbaum, del partido Morena, declaró en su conferencia de prensa matutina del jueves: “A falta de pruebas claras, es obvio que el objetivo de esta acusación tiene una motivación enteramente política”, afirmó Scheinbaum. Para el gobierno mexicano, esta demanda estadounidense es una interferencia en la política interna.
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Hace una semana, el diario Los Angeles Times publicó que el gobierno estadounidense quería lanzar una campaña anticorrupción contra políticos mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
En una línea similar sostuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la colocación de la primera piedra del complejo “Pacífico Mexinol” hace una semana: “El acuerdo entre ambos países debe tipificar el soborno y la venalidad como un delito penal, con un código de conducta claramente visible para los políticos mexicanos”, afirmó el diplomático.
El Comité Central del Partido Morena rechaza expresamente la demanda estadounidense de extraditar a los diez políticos: “La extradición se solicita sin prueba alguna, lo que viola principios fundamentales del debido proceso y del Estado de derecho aplicables en nuestro país”, afirmó el organismo citado por los medios.
Rubén Rocha Mora ha rechazado cualquier tipo de excedencia: “Tengo la conciencia tranquila y seguiré el juicio en Ciudad de México”, dijo el político a Aristegui Noticias.
