La reforma del mercado laboral de Javier Milei, presentada como una iniciativa de modernización, representa un revés histórico para los derechos sindicales y laborales por los que se luchó durante el último siglo. Un análisis.
En diciembre de 2025, el gobierno argentino envió al Parlamento un texto legislativo con 197 artículos con la intención de aprobarlo en sesiones extraordinarias ese mismo mes. El intento fracasó y el debate se pospuso hasta el 11 de febrero porque no se logró el consentimiento necesario para su aprobación.
“Sigan sin escucharnos y profundizaremos el plan de nuestra lucha”, advirtió Jorge Solá, uno de los tres secretarios generales de la Confederación General de Sindicatos (CGT), en un acto de protesta convocado por varios grupos sociales el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo. El objetivo del presidente Javier Milei es conseguir el apoyo de los gobernadores y negociar sólo cambios mínimos con la central sindical para no poner en peligro la fecha de votación de febrero.
El discurso con el que el oficialismo intenta presentar la iniciativa como progresista se puede resumir así: Argentina tiene leyes de otra época que bloqueaban las inversiones. Los empresarios se enfrentan a un gran número de procedimientos judiciales laborales, los costes de los despidos son elevados, al igual que la carga fiscal. Para facilitar las inversiones y crear empleo, es necesario renovar el marco regulatorio.
La reforma empeora significativamente la situación de la clase trabajadora argentina. Se restringen los derechos individuales, colectivos y sindicales de los empleados. La reforma reduce la remuneración y divide los días de vacaciones, y ya no se deberían pagar horas extras. Un crédito de tiempo pretende permitir jornadas laborales más largas, se limita el derecho de huelga y se ataca la libertad sindical.
Se reducirán las indemnizaciones por despido; No se prevén aguinaldos, vacaciones ni bonificaciones. Como alternativa a la tradicional indemnización por despido, se creará un fondo de asistencia laboral, que se financiará con una contribución del tres por ciento de los empleadores previamente destinada a pensiones.
Empeoramiento para los trabajadores
Si bien la normativa actual establece una jornada laboral de ocho horas, la nueva normativa permite ampliarla a doce horas. Según la ley vigente, las horas extraordinarias deben pagarse con un complemento. La reforma deja esta posibilidad, pero añade como opción la creación de una cuenta horaria. Esto significa que las horas extras ya no se pagan, sino que se acumulan como un crédito positivo, que luego se devuelve en caso de días libres o reducción de jornada, según lo acordado previamente por ambas partes. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta relación es desigual porque predomina el miedo al despido y la presión de los empleadores. Lo que se presenta como un acuerdo mutuo puede significar que al final las empresas se salgan con la suya.
También se viola el derecho de huelga. Se aumentará el número de “actividades esenciales” que deben mantenerse al 75 por ciento de su capacidad en caso de un cierre. También crea la categoría de “servicios esenciales” con una amplia cantidad de áreas que deben mantenerse al 50 por ciento de su capacidad en tales casos. El gobierno quería implementar esta norma mediante un decreto, pero fue impedido por solicitudes urgentes presentadas porque interfería en el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución.
También se está modificando la ley sindical. Con el nuevo reglamento, las reuniones y congresos deberán realizarse por delegados con la aprobación de los empleadores sin afectar las operaciones de la empresa. Además, los bloqueos u ocupaciones de fábricas se clasifican como violaciones graves.
Martín Maiorano, abogado de la Unión de Trabajadores del Deporte y de Organizaciones Civiles (Utedyc), vio la posibilidad de llevar el proyecto a los tribunales: “Es posible declararlo inconstitucional, ya que viola el artículo 14 de nuestra Constitución. No se prevé un tiempo de trabajo limitado, no se respeta la organización sindical libre y democrática, se limitan las licencias sindicales, se desfinancia la seguridad social y se reducen los aportes patronales a la seguridad social”.
Los opositores a la reforma toman posiciones: desde intentar hacer cambios hasta rechazarla abiertamente. La estrategia de la CGT, aunque no excluye la movilización el día del debate parlamentario, apunta a eliminar los artículos relativos a las cotizaciones sindicales y los porcentajes de actividad mínima que deben garantizarse en caso de huelga. Otro objetivo es eliminar el artículo que reduce las contribuciones patronales a la seguridad social. La mayor preocupación es no poner en peligro la financiación de las arcas sindicales.
Nada pasa sin musgo
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Los peronistas y los dos grandes sindicatos rechazan el proyecto y dicen que están trabajando en una contrapropuesta. Aún no se sabe qué alternativas proponen, pero conviene recordar que la última experiencia de la clase trabajadora con el peronismo en el gobierno fue frustrante. Cargar los costos de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores no es dominio exclusivo de los gobiernos de derecha.
Uno de los principales puntos de crítica de los opositores a la burocracia y la izquierda es la pasividad de la dirección sindical. Creen que no se pueden realizar cambios en un proyecto esclavo. Piden que se convoquen reuniones en los lugares de trabajo para desarrollar un plan de acción que incluya una huelga a nivel nacional para evitar que se apruebe la ley.
La reforma por sí sola no garantiza la inversión ni la creación de empleo. Surge la pregunta: ¿esta iniciativa mejora las condiciones laborales y la calidad de vida? ¿Apoya el empleo regular? ¿Incluye a los empleados de los servicios de aplicaciones? ¿Utiliza el desarrollo de las fuerzas productivas y los avances tecnológicos para ampliar derechos como el del descanso?
En octubre de 2025, la organización Fundar publicó un informe titulado “Derechos laborales en el siglo XXI: jornada laboral, vacaciones y descansos”, que nombraba a la Argentina como uno de los países con mayor jornada legal de trabajo del mundo. La semana laboral de 48 horas se introdujo en 1929 y no se ha modificado desde entonces.
Según el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron cerca de 270.000 empleos regulares y más de 19.000 empresas cerraron. La tasa de desempleo en el tercer trimestre del año pasado fue del 6,6 por ciento. Los salarios son un 25 por ciento más bajos que hace una década y el sector público sufre las mayores pérdidas.
Críticas a la pasividad de la dirección sindical
La otra cara de la moneda es el aumento del empleo informal y por cuenta propia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 40 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, ya sea en empleos regulares o mediante emprendimientos a pequeña escala.
Estas cifras demuestran que la hipótesis inicial del gobierno es errónea. La falta de empleo y el cierre de pequeñas y medianas empresas no se debe a la “industria del pleito” sino a la crisis que vive Argentina: bajos salarios, creciente informalidad, caída del consumo, aumento de costos, endeudamiento, falta de acceso al crédito y falta de acción gubernamental.
La derecha no busca resolver los problemas estructurales del mercado laboral. La reforma presentada pretende crear un país con aún más precariedad y desigualdad social. Todo esto generando ganancias para la clase capitalista, en línea con las demandas del Fondo Monetario Internacional y la administración Trump. Aunque Milei, envalentonado por la pasada victoria electoral, parece tener el capital político, todavía está limitado por las tensiones sociales existentes. El éxito o el fracaso del gobierno dependerá de la capacidad de respuesta del pueblo.
Argentina necesita una reforma que apunte a eliminar el sector informal, que proteja a quienes trabajan en servicios de aplicaciones y que cierre la brecha salarial de género, promueva el poder adquisitivo y utilice los avances tecnológicos para aumentar la productividad sin resultar en explotación.
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