Managua. Al finalizar su discurso por el 47 aniversario de la victoria de la Revolución Sandinista, el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que no habrá más elecciones en el país. En su discurso de casi 30 minutos, Ortega habló por primera vez sobre el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Advirtió contra el pensamiento: “Donde no hay guerra, hay paz”.
Luego abordó en su discurso los acontecimientos ocurridos en Nicaragua en 2018. En ese momento, “las empresas cancelaron el acuerdo de paz para derrocar al gobierno electo”. Esto “costó sangre, de jóvenes, adultos y niños, escuelas fueron destruidas e incendiadas”. En 2018, las protestas sacudieron al país. Los medios de oposición habían hablado de la represión de las protestas pacíficas. Los medios de comunicación cercanos al partido gobernante FSLN, por otro lado, culparon a miembros de la oposición por los ataques a instalaciones y partidarios del gobierno y hablaron de un intento de golpe de estado.
“Después de derrotar a los golpistas, seguimos trabajando para los pobres, organizamos la tierra para los agricultores y creamos escuelas y universidades gratuitas por ley”, continuó Ortega. Luego siguieron las declaraciones que muchos medios de comunicación de todo el mundo consideran un “endurecimiento del gobierno autocrático”: “Quieren ganar las elecciones para que las cosas sucedan en las escuelas. Pueden olvidarse de eso. Las elecciones aquí no volverán. Al menos no para intentar apoderarse del gobierno y tomar el poder”.
Ortega también anunció que trabajará con la “Asamblea Nacional y organismos relevantes para construir un bloque, un muro contra los golpistas, contra los que venden la patria”.
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Varios medios de comunicación retomaron las declaraciones sobre las elecciones del lunes y las vieron como evidencia del rumbo autoritario del gobierno de Nicaragua. Los medios occidentales ya habían evaluado las elecciones de 2021 como ni libres ni justas.
A principios de 2025 también entró en vigor una reforma constitucional que convirtió oficialmente en copresidenta a la esposa de Ortega y anterior vicepresidenta, Rosario Murillo. Los críticos vieron esto como otro intento de concentrar el poder en manos de la pareja.
Las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional llevan años acusando al gobierno de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
