Santo Domingo Tehuantepec/Ciudad de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, emitió un decreto que allana el camino para inversiones por valor de 277 mil millones de dólares como parte del “Plan México”. En concreto, se promoverá la construcción de hasta 100 polígonos industriales. Los llamados Centros de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), una institución estatal, ven a los parques industriales como “polos de desarrollo para la prosperidad”. Hasta ahora, la expansión a lo largo de la ruta del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec se ha estancado, en parte debido a la resistencia de las comunidades indígenas.
Más allá del sur de México, el decreto pretende impulsar el apoyo a la infraestructura tecnológica, los centros de datos, la fabricación de semiconductores, la industria automotriz, las empresas farmacéuticas, la aeroespacial y los sectores energético y químico. Los planes cuentan con el apoyo del sector privado, mientras que representantes de las comunidades indígenas vinculan la decisión a un fallo del Tribunal Supremo Agrario del país, que limita significativamente las opciones legales disponibles para defender los derechos colectivos de las comunidades indígenas a través de los llamados “amparos”. La decisión del tribunal se produjo una semana antes del decreto de inversión, que desde entonces ha entrado en vigor.
A menos de un mes de su anuncio, 30 organizaciones, 55 comunidades indígenas, 24 estructuras administrativas municipales y ejidales* se reunieron en el “3er Foro Permanente para la Defensa del Territorio y la Propiedad Social de Oaxaca” en el poblado de Sanra María Atzompa en el estado de Oaxaca, en el marco del 107 aniversario de la muerte del líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata. La prevista implementación del “Plan México” ya fue parte central de las críticas aquí, que se reflejan en la declaración final del foro: “Desde las comunidades observamos que el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación, autodenominación del proyecto político del partido Morena, que está en el poder desde 2018) sigue impulsando megaproyectos e impulsando expropiaciones de tierras. A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ya allanó el camino para la legalización de fracking (America21 informó:) (…) (además, el) ‘Plan México’ prevé la industrialización del país y la reactivación del sector minero, aunado a una nueva propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución con el fin de ampliar el camino de privatización de tierras abierto por el PRI (Partido Revolucionario Institucional, partido político que gobernó el país durante muchas décadas después de la Revolución Mexicana) con el fin de acelerar la eliminación de la propiedad social.”
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Ya el 8 de abril, los indígenas zoques de Oaxaca se manifestaron en la Ciudad de México contra las decisiones del Tribunal Supremo Agrario. Temen que al establecer nuevos asentamientos en su territorio tradicional, obligados por el estado de Chiapas, se produzcan nuevas incursiones de madereros, ganaderos y grupos del crimen organizado en los bosques que protegen en la biodiversa región de Chimalapas. Mientras se liberan inversiones para los parques industriales del istmo, por primera vez se realizan importantes pruebas de trenes de carga en la ruta del Tren Maya en la Península de Yucatán. Las dos rutas de tren están conectadas a través del “Tramo FA” entre Coatzacoalcos en Veracruz y Palenque en Chiapas.
Colectivos indígenas, grupos ambientalistas y de derechos humanos llevan años advirtiendo que, además de su presentación turística, el Tren Maya será impulsado en el largo plazo principalmente por su función como extensión del corredor de producción y comercio capitalista en el istmo. Más recientemente, se anunció la expansión de ambos proyectos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, hacia Guatemala.
* El ejido es una forma especial de propiedad comunal de la tierra. Un grupo mayoritariamente agrícola tiene derechos de uso colectivo sobre parcelas de tierra, que normalmente no pueden venderse, pignorarse ni heredarse. Como un éxito cuestionado de la Revolución Mexicana, la ley ejidal fue consagrada en la Constitución (Artículo 27), pero fue diluida en una reforma en 1992 y la privatización fue posible. Durante el Tren Maya, por ejemplo, el Estado expropió numerosas zonas ejidales.
