El fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó una coalición de 16 estados en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el viernes. La demanda cuestiona una política promulgada recientemente por la administración Biden que permite a ciertos inmigrantes no ciudadanos que están casados con ciudadanos solicitar la residencia permanente legal sin salir del país. La orden garantizará que los ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos puedan mantener unidas a sus familias, según la Casa Blanca.
¿Qué aborda la demanda? Según un comunicado de la oficina de Paxton, los estatutos federales prohíben que los extranjeros ilegales reciban el estatus de residente permanente sin salir primero del país y ser readmitidos para residir legalmente. El programa de Biden elude descaradamente la Constitución, viola la ley y recompensa la inmigración ilegal, se lee en el comunicado. El cambio permitiría que 1,3 millones de extranjeros ilegales (más de 200.000 de los cuales viven en Texas) soliciten la residencia permanente.
La solución provisional de Biden otorga unilateralmente la posibilidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no examinados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes, dijo Paxton en un comunicado. La demanda del viernes solicitó al tribunal una orden judicial para impedir que el DHS implemente la nueva política mientras se lleva a cabo el litigio. Los estados que participan en la demanda incluyen Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.