Estados Unidos impone sanciones aún más estrictas al sector sanitario de Cuba

La Habana/Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones a nueve empresas cubanas y dos altos funcionarios del gobierno. Las medidas están dirigidas, entre otros, al programa estatal cubano de misiones sanitarias al extranjero y a las empresas del sector energético. El ministerio justificó las medidas bloqueando el acceso del gobierno cubano a “fuentes ilegítimas de ingresos”.

El foco de las nuevas medidas es el programa cubano de medicina extranjera. Fueron sancionadas la empresa estatal comercializadora de servicios médicos Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA (CSMC), la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y su titular, Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que dar una parte de los salarios al gobierno cubano convierte el envío de médicos cubanos en el extranjero en una forma de “trabajo esclavo”. La Habana ha rechazado este retrato durante años.

También fueron sancionadas dos empresas comercializadoras de energía y el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Este último está investigando actualmente formas de refinar el petróleo crudo nacional para convertirlo en combustible para que el país sea más independiente de las importaciones.

También afectó a varias empresas a las que Washington acusa de eludir las sanciones estadounidenses vigentes: la empresa portuaria de contenedores de Mariel, el puerto de carga más importante del país, la proveedora de servicios marítimos Coral Marítima SA, Ceiba Investments Limited, que opera en el sector turístico, y la empresa de remesas Orbit SA.

La base legal es una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo que permite medidas punitivas contra personas y empresas acusadas de apoyar al gobierno cubano o “poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos”. Todos los activos estadounidenses de los afectados serán congelados. Por lo general, a los ciudadanos y empresas estadounidenses no se les permite hacer negocios con ellos. Las empresas extranjeras y las instituciones financieras que realizan ciertas transacciones con las partes sancionadas también corren el riesgo de sufrir medidas punitivas por parte de Estados Unidos.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó bruscamente. “Cualquier acto de agresión por parte del gobierno estadounidense tiene como objetivo infligir un castigo colectivo a todo el pueblo cubano”, escribió en las redes sociales. Se está volviendo “cada vez más difícil ocultar las intenciones genocidas y el deseo de provocar una crisis humanitaria”. Washington niega el impacto del embargo sobre la población.

Rodríguez calificó las sanciones contra el programa médico como una “agresión al derecho humano a acceder a servicios de salud de cientos de miles de personas en muchas partes del mundo”. Cuba está siendo castigada “por prestar un servicio humanitario y solidario reconocido por la comunidad internacional”, afirmó el ministro.

Según datos de la agencia de estadísticas cubana ONEI, las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40 por ciento del valor total de las exportaciones del país entre 2018 y 2020. En total, según información oficial, más de 600.000 especialistas cubanos han trabajado en 165 países desde que se fundaron las brigadas médicas hace más de seis décadas. Según las últimas cifras disponibles, actualmente hay alrededor de 24.000 profesionales de la salud trabajando en 56 países. En los últimos meses, varios gobiernos del Caribe y Centroamérica, incluidos Honduras, Guatemala, Jamaica y Trinidad y Tobago, han suspendido sus acuerdos de cooperación con Cuba tras la presión de Estados Unidos.

Las medidas son parte de una amplia campaña de presión por parte de la administración Trump bajo el mando del secretario de Estado Marco Rubio. Su ministerio publicó recientemente un documento de unas 100 páginas titulado “Cuba: la capital del comunismo en el siglo XXI”. Con esto se pretende demostrar que La Habana lleva décadas movilizando fuerzas de izquierda en todo el mundo contra Estados Unidos y, en última instancia, se esfuerza por “conquistar” Estados Unidos.

El informe también se dirige a actores en Europa: en él se mencionan grupos de solidaridad alemanes como la Sociedad de Amistad RFA-Cuba, así como los participantes de una flotilla solidaria que llegó a La Habana con bienes humanitarios en marzo.

En un comunicado de prensa, la cadena alemana Cuba calificó el periódico de “fantasía conspirativa abstrusa” y acusó a Washington de confundir sistemáticamente “causa y efecto, perpetrador y víctima”. La junta pidió al gobierno federal y a la UE que condenen claramente el “terror estadounidense contra Cuba” y aumenten notablemente la ayuda de emergencia para la población cubana.