Brasilia/Washington. Debido a las sospechas de financiación estadounidense para desacreditar al Tribunal Supremo de Brasil (STF) y a la interferencia de la administración Trump en las elecciones brasileñas, el Consejo Jurídico Federal (AGU) de Brasil solicitó una investigación a pocos días de las elecciones presidenciales. La AGU llamó a la Policía Federal (PF) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
El detonante es un informe del periódico británico The Guardian. Por ello, el Departamento de Estado de EE.UU. destina un millón de dólares del Fondo para los Derechos Humanos y la Democracia al proyecto “Contrarrestar la ley y la censura en Brasil”. Su objetivo es fortalecer a los grupos que se oponen a la supuesta “extralimitación judicial y censura por parte de la Corte Suprema de Brasil”.
Al principio no se sabía si el dinero realmente fluyó o si simplemente estaba reservado para proyectos exteriores de la Casa Blanca. Según el periódico británico, el gobierno estadounidense está aportando un total de más de 175 millones de dólares a 43 proyectos globales para difundir las políticas de Trump y “impulsar una agenda de extrema derecha” en el extranjero. Se trata de cuestiones como el anticomunismo, la inmigración, la protección de los cristianos, la diversidad y las políticas de igualdad.
El jefe de la AGU, Jorge Messias, calificó la información de The Guardian como una señal de advertencia sobre la soberanía de Brasil. “Ningún conflicto interno justifica subordinar los intereses nacionales a gobiernos, partidos o movimientos extranjeros”, afirmó. Según informes de los medios, la denuncia penal presentada por la AGU afirmaba que los fondos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos tenían el “objetivo explícito de brindar apoyo financiero a organizaciones y grupos de la sociedad civil que tienen como objetivo desestabilizar y atacar las instituciones del sistema de justicia brasileño”. La AGU pidió una aclaración inmediata y destacó la seriedad de la información presentada por The Guardian.
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Cuando The Guardian se puso en contacto con él, el Departamento de Estado de EE.UU. inicialmente no hizo comentarios sobre los compromisos de financiación individuales. La autoridad estadounidense se limitó a anunciar que los programas estaban siendo examinados y que los posibles beneficiarios tendrían que cumplir con los procedimientos de verificación, así como con las regulaciones aplicables a las subvenciones federales estadounidenses.
El próximo domingo 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentará a Flávio Bolsonaro (PL), hijo del expresidente de derecha Jair Bolsonaro. A finales de 2025, la Primera Sala del STF condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. En junio de 2026, otro hijo del expresidente, Eduardo Bolsonaro, también fue condenado por coacción. Según la sentencia, intervino en el proceso del intento de golpe de Estado y presionó a los miembros del tribunal.
El presidente estadounidense, Donald Trump, partidario y aliado de los Bolsonaro, calificó el juicio como una “caza de brujas”. Estados Unidos impuso sanciones temporales al juez Alexandre de Moraes. Durante la campaña electoral, las tensiones entre el gobierno brasileño y la administración Trump se hicieron cada vez más intensas. Lula acusó repetidamente a Estados Unidos de querer interferir en las elecciones brasileñas.
