SanSalvador. El parlamento de El Salvador aprobó una reforma a la ley de justicia juvenil que permitirá condenar a menores de edad a cadena perpetua por delitos graves como asesinato, violación y terrorismo. La medida es parte de un paquete integral de reformas que el gobierno está impulsando como parte de su política de seguridad contra las bandas criminales.
La ley, que fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria, introduce la cadena perpetua como pena excepcional en el derecho penal juvenil. Anteriormente la ley salvadoreña preveía una pena máxima de 60 años de prisión, que podía reducirse bajo ciertas condiciones, como buena conducta o servicio comunitario. En el parlamento, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, tiene una clara mayoría con 54 de 60 diputados.
La reforma surge tras una enmienda constitucional previamente ratificada que permite la cadena perpetua por delitos como asesinato, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales. Según el texto adoptado, la pena puede imponerse tanto a adultos como a menores, y estos casos se juzgan en tribunales penales especializados.
También está previsto que los procedimientos correspondientes sean llevados a cabo por tribunales penales que tengan competencia tanto para adultos como para menores por delitos punibles con cadena perpetua. Además, se prevé una revisión obligatoria de las sentencias para evaluar el nivel de rehabilitación. Para los menores, esta revisión puede tener lugar después de 25 años de prisión, para los adultos después de 30 a 40 años.
El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, defendió la medida, afirmando que tenía como objetivo garantizar la seguridad pública. El objetivo es brindar seguridad a las familias salvadoreñas y sancionar consistentemente los delitos violentos graves.
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Parte de la estrategia de seguridad del gobierno es el estado de emergencia vigente desde marzo de 2022 para combatir a las bandas criminales. Esto permite arrestos sin orden judicial y se ha extendido cada mes desde entonces. Según información oficial, 91.650 personas fueron detenidas en este contexto y fueron acusadas de tener vínculos con grupos criminales como la MS-13 o Barrio 18.
Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal y otras normas para adaptarlas a la nueva disposición constitucional.
La introducción de la cadena perpetua para menores ha provocado reacciones de organizaciones internacionales. Human Rights Watch dijo que la reforma contradecía los estándares internacionales sobre justicia juvenil.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que la posibilidad de una revisión de la sentencia después de 25 años no garantiza una posibilidad realista de rehabilitación para los menores.
La oposición también ha criticado el posible impacto de la reforma en el sistema judicial y los riesgos de abusos bajo el estado de emergencia. La nueva legislación entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
