Bogotá. El senador colombiano Iván Cepeda, conocido internacionalmente por su compromiso con los derechos humanos y la justicia transicional, lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) no sólo confirma esta tendencia, sino que también muestra una mayor consolidación de su apoyo: Cepeda logró alrededor del 35 por ciento de los votos y aumentó la brecha con competidores como Abelardo de la Espriella y Claudia López en un campo político que sigue fragmentado y con una Alta proporción de votantes indecisos.
Cepeda se postula como candidato de la alianza de izquierda Pacto Histórico, que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022 y ahora quiere profundizar las reformas sociales, fiscales y de política de paz. Petro no puede volver a postularse; el cargo está limitado a un mandato.
Sin embargo, la campaña de Cepeda está bajo una importante presión política. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo excluyó de las primarias multipartidistas de izquierda el 8 de marzo de 2026. El CNE lo justificó por su participación previa en una consulta interna. Por tanto, no es posible presentar una nueva candidatura mediante un procedimiento similar. Cepeda tuvo entonces que registrarse directamente para la primera vuelta electoral. Los círculos gubernamentales criticaron la decisión como una interpretación restrictiva que debilitaría la unidad progresista.
Al mismo tiempo, Cepeda está expuesto a campañas de difamación selectivas. En Cali aparecieron pancartas y publicaciones en redes sociales llamándolo “heredero de las FARC”. Rechazó estas acusaciones. Según informes de los medios, la acción estaba públicamente vinculada al activista político Jaime Arizabaleta, cercano a círculos de derecha. El entorno de Cepeda vio esto como un ejemplo de las llamadas “campañas negras” destinadas a asociarlo con la ex guerrilla, aunque su carrera política se ha caracterizado principalmente por representar a víctimas del conflicto armado y procesos judiciales contra el paramilitarismo. Cepeda es también uno de los abogados de las víctimas en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.
¿Pensar fuera de la caja?
Con tu donación podremos acercarte a lo que sucede día a día en América Latina.
La disputa alcanzó una dimensión internacional cuando Cepeda anunció que presentaría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostiene que tanto la decisión del consejo electoral como las campañas de estigmatización podrían violar sus derechos políticos y el principio de igualdad de oportunidades en la campaña electoral. El llamamiento a un organismo internacional subraya la seriedad con la que su campaña considera los acontecimientos.
El presidente Gustavo Petro también expresó preocupación por la integridad del proceso electoral. Pidió auditorías técnicas independientes del software para el recuento preliminar y final de los votos y explicó que el mero acceso público al código fuente sin una auditoría externa previa no es suficiente para garantizar la transparencia. El debate también se centra en cuestiones sobre la imparcialidad de las autoridades electorales. La campaña de Cepeda apunta a polémicas en torno al funcionario Hollman Ibáñez, cuyo trabajo previo en la Registraduría y su supuesta cercanía política con círculos en torno a Abelardo de la Espriella, a su juicio, plantean dudas sobre la neutralidad institucional.
Estas tensiones políticas se desarrollan en el contexto de un empeoramiento de la situación de seguridad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que el número de desplazados internos en Colombia aumentó un 85 por ciento en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 94.000 afectados. También ha habido un aumento de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y del confinamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales. En este clima de polarización, controversia institucional y crisis humanitaria, las elecciones de 2026 se consideran una prueba crucial de la estabilidad democrática de Colombia y de la confianza de la población en la integridad del proceso electoral.