Quito. La Fiscalía General de Ecuador realizó este miércoles una serie de allanamientos en viviendas particulares pertenecientes a la oposición política. Al menos tres destacados políticos del partido de izquierda Revolución Ciudadana están afectados. Según información oficial, el motivo son las investigaciones sobre presuntos casos de lavado de dinero y crimen organizado.
“Se sospecha que ingresaron fondos ilegales (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, dice la información publicada en X. En los medios nacionales, este caso se conoce como “Caja Chica”.
Al parecer afectados se encuentran Luisa González, dos veces candidata presidencial de la RC (2023 y 2025), Patricio Chávez, parlamentario y exembajador de Ecuador en Rusia, y Suad Manssur, exdirectora de la Superintendencia de Empresas y Valores.
Chávez se quejó de una entrada “brusca y violenta” a su apartamento por parte de entre 15 y 20 personas enmascaradas. No encontraron nada, pero confiscaron sus pasaportes y los de su familia.
González negó las acusaciones. Considera al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como el cerebro detrás de la acción y lo llamó “patético” y “cobarde” en un mitin. Y continuó: “Quiero decirle a este gobierno que quiere silenciarme que la única manera de silenciarme es con la muerte”.
En el pasado, Noboa ha acusado repetidamente a sus oponentes políticos de recibir dinero de Venezuela. Sin embargo, nunca proporcionó ninguna prueba de ello. Recientemente repitió esta acusación en el Foro Económico Mundial de Davos el 20 de enero. “En Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de Maduro”, explicó Noboa.
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Apenas seis días después, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, dijo que con apoyo internacional se habían identificado flujos financieros ilícitos hacia actores políticos.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, sin embargo, explicó en X que los afectados son “víctimas de persecución política” con el fin de “intimidar y silenciar” a la RC. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, calificó de “vergonzosa” la actuación del fiscal. La familia de Noboa es acusada repetidamente de estar involucrada en el contrabando de cocaína (informó America21).
Otros políticos también expresaron su solidaridad con los afectados y de igual manera comentaron que el gobierno quería distraer la atención de sus fracasos en áreas como el control de la violencia y el narcotráfico en el país. Luis Cuenca Medina, abogado y excoordinador del Ministerio de Educación para las sureñas provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Chinchipe, enfatizó que a pesar de lo que reporten los medios, quedará claro que “no hay responsabilidad penal”. Sin embargo, la población probablemente habría tenido la impresión de que los políticos de la RC eran criminales.
En la misma línea sostuvo Sonia Vera, abogada y asesora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vera lo describió como un patrón sistemático de “guerra legal” con informes opacos y estigmatización criminal.
Valeria Vegh Weis, profesora de criminología de la Universidad de Buenos Aires, define el lawfare como “acciones legales contra representantes de gobiernos llamados progresistas, ampliamente difundidas en los medios y redes sociales, y presentadas como intervenciones no partidistas contra la corrupción y la mala gestión”. Con ello se pretende eliminar al oponente político. Esto ya se ha observado, entre otros, con los (ex) jefes de Estado de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Argentina (Cristina Kirchner), Perú (Pedro Castillo) y Ecuador (Rafael Correa).
