Bogotá. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quiere abolir varias instituciones responsables de implementar el acuerdo de paz de 2016. Exfuncionarios de gobierno, políticos y responsables de la reintegración de excombatientes advierten sobre las consecuencias políticas y jurídicas del desmantelamiento de las instituciones creadas tras el acuerdo de paz con la exguerrillera FARC-EP.
De la Espriella anunció que tras asumir el cargo el 7 de agosto disolverá la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, la Junta Asesora Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Junta Asesora Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus funciones deberían delegarse en un Comisionado de Seguridad Nacional. El presidente electo también declaró que “no habrá más juicios por la falsa paz” en su gobierno y reiteró su llamado para que el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño cumpla una pena de prisión por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Sin embargo, tras el acuerdo de paz de 2016, Londoño se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se ocupa de los crímenes más graves del conflicto. El sistema de justicia transicional prevé sanciones propias, distintas de las penas de prisión previstas en el derecho penal común, para quienes reconozcan plenamente sus responsabilidades y contribuyan a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Después de la desmovilización, Londoño se involucró en el partido Comunes, surgido de la antigua guerrilla, y ahora es uno de sus representantes más conocidos. Los expertos jurídicos también señalan que el presidente no tiene autoridad para revocar las decisiones de la JEP independiente o cambiar sus sanciones.
El expresidente Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno se firmó el acuerdo de paz y que por ello recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016, rechazó los anuncios. Durante el Congreso Internacional por el décimo aniversario del acuerdo de paz, afirmó que el futuro gobierno debe “reiniciar el camino de su implementación, no como legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficie a todos los colombianos”. Al mismo tiempo, contradijo la idea de que el acuerdo de paz había creado los grupos armados actuales: “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó los grupos disidentes ni fortaleció las bandas criminales”.
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El candidato presidencial perdedor, Iván Cepeda, actualmente senador y participante en las negociaciones de paz con las ex FARC, también criticó duramente los planes. Los calificó como “el ataque más grave al derecho a la paz del pueblo colombiano consagrado en el artículo 22 de la Constitución” y dijo que convertirían al futuro presidente en “el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en la búsqueda de la paz”.
El Estado proporcionó información sobre los límites legales de las reformas anunciadas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que el futuro gobierno estaba constitucionalmente obligado a implementar el acuerdo de paz. Las tareas en el ámbito de la paz y los derechos humanos se basan en exigencias constitucionales y, por tanto, deben mantenerse. Por su parte, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz destacó que el acuerdo quedó legalmente asegurado como política de Estado mediante la segunda enmienda constitucional de 2017. Llamó a la Corte Constitucional a monitorear posibles cambios institucionales.
En la misma línea argumentó Emilio Archila, ex Alto Asesor Presidencial para la Estabilización y Consolidación del gobierno de Iván Duque. Una estructura centrada en la seguridad no puede reemplazar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explicó Archila. Su abolición dejaría áreas clave como la reintegración de excombatientes, el cumplimiento de los compromisos con las víctimas y la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sin la suficiente coordinación.
El debate se produce mientras Colombia se prepara para conmemorar el décimo aniversario del acuerdo de paz firmado en 2016. El acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2016, poniendo fin al conflicto de 50 años entre el gobierno y las guerrillas de las FARC-EP.
