Bogotá. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que el nuevo gobierno colombiano había autorizado operaciones militares conjuntas en el país para combatir lo que Washington y Bogotá llaman “narcoterrorismo”.
La decisión representa uno de los cambios en la política exterior y de seguridad de Colombia en los últimos años. Luego del gobierno de Gustavo Petro, cuya relación con Donald Trump y cuya política exterior se caracterizó por conflictos y diferencias políticas, el presidente Abelardo de la Espriella inició un rápido replanteamiento de la alianza militar con Estados Unidos.
Sin embargo, hasta ahora las explicaciones plantean preguntas importantes. Las condiciones marco específicas de las operaciones no se conocen públicamente. No está claro qué unidades estadounidenses estarán involucradas, bajo qué mando operarán y qué mecanismos se utilizarán para controlar su presencia. Para algunos senadores del Pacto Histórico, principal fuerza opositora al gobierno, el cambio de rumbo representa un posible abandono de la soberanía nacional. También señalan el artículo 173 de la Constitución colombiana, según el cual el Senado debe autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
El debate también tiene un trasfondo histórico. Colombia ha sido uno de los aliados militares más importantes de Estados Unidos en América Latina en las últimas décadas. El Plan Colombia y el Plan Patriota movilizaron miles de millones de dólares estadounidenses y ayudaron a debilitar las organizaciones guerrilleras, pero no lograron poner fin al tráfico de drogas.
Juan Carlos Buitrago, un general retirado de la policía colombiana, también expresó dudas de que una nueva ofensiva militar realmente erradique las estructuras criminales. Dijo que tal ofensiva podría llevar a la fragmentación de grupos y aumentar la violencia en otras partes del país. Esto podría desencadenar el llamado “efecto globo”: la presión militar empuja el crimen a áreas donde el Estado puede ejercer menos control.
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Durante la reunión en Panamá, Hegseth no habló sólo de los cárteles de la droga. También citó como otro objetivo proteger al hemisferio occidental de “actores extranjeros maliciosos”. La administración Trump ha revivido abiertamente una visión hemisférica que recuerda a la Doctrina Monroe, a la que ahora sus propios funcionarios se refieren como la “Doctrina Donroe”.
En este contexto, Colombia podría volver a convertirse en una parte central de la estrategia de Estados Unidos en América Latina. La experiencia histórica muestra que la presencia militar de Washington rara vez puede considerarse únicamente en términos de su objetivo oficialmente declarado. Despliegues y acuerdos anteriores sobre la presencia de tropas estadounidenses en Colombia ya habían generado controversia sobre la soberanía, los controles constitucionales y posibles objetivos regionales.
El nuevo gobierno colombiano defiende la decisión como parte de una ofensiva contra las organizaciones criminales. Sin embargo, la promesa de una mayor seguridad no debería impedir un debate sobre el costo político de esta cooperación. Estados Unidos es el principal mercado mundial de la cocaína producida en Colombia, mientras que el país sudamericano ha soportado durante décadas la violencia, el desplazamiento y la militarización de una política de drogas que nunca ha logrado su objetivo declarado.
El cambio de rumbo hacia el gobierno de Petro no podría ser más claro. La relación conflictiva con Washington fue reemplazada por una rápida convergencia con la estrategia regional de Trump. Apenas en el poder, Colombia no sólo retoma el papel de aliado preferido de Estados Unidos, sino que vuelve a abrir la puerta a operaciones militares conjuntas en su propio territorio.
La pregunta es si esta decisión fortalecerá realmente la seguridad de Colombia o si el país podría volver a convertirse en escenario y plataforma de una política militar definida en Washington con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
