Bogotá. El candidato presidencial de izquierda del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha denunciado más de 57.000 irregularidades en el conteo rápido de la segunda vuelta electoral. “Nuestros observadores electorales y el equipo de supervisión electoral han presentado 57.189 objeciones, lo que nos da el derecho y obliga a los jueces electorales a revisar las objeciones que planteamos”, dijo Cepeda en una conferencia de prensa un día después de la segunda vuelta electoral.
“Con toda tranquilidad y cuidado y en estricto cumplimiento de la ley, ejercitamos nuestros derechos legales”, continuó el candidato. Los resultados del recuento se conocerán en los próximos días, por lo que pidió a la población “tranquilidad y calma” mientras se comprueba el recuento preliminar de votos.
Los resultados de la noche de la segunda vuelta no son vinculantes en Colombia. Los resultados oficiales sólo se determinan después de la verificación por parte de los equipos de observación electoral de las campañas electorales y de los jueces. La diferencia entre el candidato de izquierda y ultraderecha Abelardo de la Espriella en el conteo rápido fue del 0,95 por ciento (informó Amerika21).
Durante y antes de la jornada de segunda vuelta, diversos actores políticos y organizaciones sociales denunciaron irregularidades en el proceso electoral, presuntos casos de compra de votos y posibles vulnerabilidades en los sistemas de información electoral utilizados.
El presidente Gustavo Petro destacó que ningún candidato podrá ser declarado ganador hasta que se complete el conteo oficial. Tras la publicación de los resultados preliminares, recordó que sólo el proceso de recuento oficial puede decidir legalmente sobre el próximo presidente del país. En una publicación sobre
Petro también cuestionó posibles irregularidades en las actas electorales oficiales de cada mesa electoral, las actas electorales E-14, y criticó la eliminación de mecanismos técnicos de seguridad que anteriormente protegían la integridad de los datos electorales. Según el presidente, algunos actores políticos “rápidamente se declaran ganadores porque temen el recuento oficial”.
Las acusaciones también se refieren al software utilizado en las elecciones. Petro dijo que el sistema de votación era vulnerable y que había evidencia de cambios en las direcciones IP en los servidores de la autoridad electoral. El presidente dijo que tenían “pruebas de cambios en las direcciones IP de varios servidores de registro nacional”, y agregó: “La única entidad en el mundo capaz de hacer esto es el Estado de Israel”. Las autoridades electorales aún no han confirmado estas acusaciones.
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Al mismo tiempo, Petro pidió una inspección integral de los colegios electorales en disputa y apoyó el trabajo de control de los ciudadanos y las organizaciones sociales. En varias partes del país han surgido redes de observadores electorales, grupos legales y los llamados “testigos digitales” que comparan fotografías de los formularios E14 con los datos ingresados posteriormente en el sistema de conteo oficial.
Uno de los abogados que sigue de cerca el juicio es Luis Guillermo Pérez. Informó sobre supuestas discrepancias en la lista rápida preliminar a través de las redes sociales. Pérez se pronunció a favor de un mayor control durante el recuento.
Además de las acusaciones contra el Preconteo, hubo denuncias de posible compra de votos en varias regiones del país. Una de las denuncias más sonadas fue la presentada ante la Fiscalía General de la República por el abogado Miguel Ángel del Río, quien habló de supuestas estructuras diseñadas para favorecer la candidatura de De la Espriella.
Según Del Río, alertó a las autoridades sobre una “estrategia de bola de nieve” en la que se incentivaba a los ciudadanos a reclutar más personas para actividades políticas. En su opinión, esto podría “representar corrupción electoral”. Posteriormente también presentó denuncias sobre una supuesta estructura de compra de votos en el departamento del Cesar.
Según información de la revista Raya, estarían involucrados los llamados “mochileros”, intermediarios que desde hace años están asociados con prácticas de compra de votos en la región del Caribe. Los documentos también mencionan posibles conexiones con círculos del llamado clan Gnecco. De la Espriella ha negado vínculos con estas estructuras políticas.
Mientras continúa el conteo, los representantes del sector gubernamental enfatizan que el resultado final sólo se conocerá después de que se hayan completado todos los procedimientos de examen legalmente requeridos. Las denuncias de posibles irregularidades, compra de votos y las controversias en torno a la tecnología de la información electoral han convertido esta elección presidencial en una de las más seguidas y discutidas de los últimos años en Colombia.