Bogotá. La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Estos estuvieron activos en el departamento de Antioquia en la década de 1990. Las acusaciones se refieren a las masacres de El Aro y La Granja, el presunto uso de la Hacienda Guacharacas como base de operaciones para grupos armados ilegales y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El propio Uribe hizo pública la investigación a través de su cuenta en la red social X. Según él, sus abogados fueron informados del citatorio a indagatoria por parte de la Fiscalía Tercera de la Corte Suprema. El expresidente calificó la decisión de “maniobra electoral” y habló de presiones políticas detrás del procedimiento. Señaló que la medida fue anunciada pocas horas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Los expedientes estuvieron en diversos órganos judiciales durante más de 30 años y estuvieron en la Corte Suprema durante la época de Uribe como senador. Tras su renuncia al Congreso en 2020, los casos pasaron a la fiscalía, que continuó recopilando pruebas y testimonios sobre hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
Uno de los casos examinados se refiere a la masacre de La Granja ocurrida en junio de 1996 en el municipio de Ituango. Según la investigación, miembros de grupos paramilitares asesinaron a varios campesinos acusados de colaborar con la guerrilla. El segundo caso se relaciona con la masacre de El Aro en octubre de 1997, en la que paramilitares permanecieron en la localidad durante varios días y perpetraron asesinatos, desplazamientos, incendios provocados y robos de ganado.
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La Fiscalía también investiga el presunto uso de la Hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe Vélez, como base de operaciones de estructuras paramilitares. También forma parte de la investigación el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien había resaltado públicamente la presencia de grupos paramilitares en Ituango y presuntas fallas de las autoridades estatales para enfrentar la violencia en la región.
La decisión provocó reacciones inmediatas en varios campos políticos. La senadora María José Pizarro del Pacto Histórico dijo que las acciones de la fiscalía representan un avance en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de la violencia paramilitar en Antioquia. Por su parte, la política Paloma Valencia del Centro Democrático dijo: “Continúa la injusticia y la instrumentalización del poder judicial como herramienta política. Me duele mucho por el presidente Uribe, su familia y por la verdad que merecen los colombianos”.
La apertura de la investigación no significa por el momento una condena ni cargos formales contra Uribe. Los fiscales ahora deben realizar más investigaciones, recopilar pruebas adicionales y entrevistar al expresidente antes de presentar cargos ante el tribunal.
