Ciudad de México. Las conversaciones entre camioneros, agricultores y el gobierno de México finalmente fracasaron el miércoles. El motivo de la cancelación fue un punto central de controversia: el gobierno condicionó la continuación del diálogo a que los manifestantes levantaran primero los bloqueos de carreteras. Las organizaciones implicadas lo rechazaron e insistieron en mantener la presión. Después del fracaso de las negociaciones, ahora amenazan con nuevos bloqueos en importantes ejes de transporte en todo el país.
Los camioneros y los agricultores habían realizado anteriormente una huelga a nivel nacional para protestar contra la escalada de violencia en las rutas de transporte y la crisis en el sector agrícola. Las carreteras centrales, las vías de acceso y los cruces fronterizos quedaron bloqueados en al menos 20 estados.
Sin embargo, la huelga, que inicialmente se había anunciado como indefinida, fue suspendida al poco tiempo. El trasfondo fueron conversaciones con el gobierno y informes de intimidación y violencia en relación con las protestas. Con el diálogo ahora fallido, la atención se centra una vez más en la reanudación y expansión de las protestas.
Las movilizaciones cuentan con el apoyo, entre otros, de la organización de transporte ANTAC y del movimiento campesino FNRCM. Ambos hablan de una “crisis que amenaza el suministro y los precios” provocada por la inseguridad en las carreteras y la falta de financiación y apoyo gubernamental.
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El foco de las protestas es la situación de seguridad: los camioneros se encuentran entre los grupos profesionales más vulnerables en México. Los robos, secuestros, asesinatos y extorsiones están muy extendidos en las carreteras y forman parte del trabajo diario de muchos empleados. Se detienen los transportes, se obliga a los conductores a bajarse de sus vehículos y se roba la carga.
Las organizaciones hablan de “extrema vulnerabilidad” ante el crimen organizado y también responsabilizan a actores estatales por chantajes. Además de una mayor seguridad, piden, entre otras cosas, la supresión de los puestos de control en los que se exige dinero ilegalmente, una fiscalía especializada en delitos en el sector del transporte y apoyo a las familias de las víctimas de la violencia.
Al mismo tiempo, los agricultores señalan el aumento de los costos, los bajos precios y la competencia de las importaciones. Advierten de una pérdida de soberanía alimentaria y ven amenazada la existencia económica de muchas empresas.
