Audiencia en vivo: cómo se segmentarían las tarifas de luz

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Este miércoles en la segunda audiencia las autoridades nacionales estimaron que el aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del 1 de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y del 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio y un acumulado de 21,2%.

La ronda de audiencias se había iniciado el martes para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural. La Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio.

Este miércoles, desde Alemania, el presidente Alberto Fernández defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente «se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios».

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Segmentación

El objetivo del Poder Ejecutivo es reducir en su totalidad los subsidios de los usuarios con mayores ingresos y que haya un segmento medio que recibirá una reducción parcial. Para los sectores de menores ingresos y más vulnerables continuarán los subsidios.

El 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo -se incluirán de acuerdo a criterios de ubicación geográfica y de ingresos- pasarían a pagar tarifa plena, sin subsidios. Estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.

Para confeccionar el informe, la Secretaría de Energía evaluó aspectos socioeconómicos individuales del suministro o del titular como el consumo de energía, nivel de ingresos y patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y las características de la urbanización.

En el segmento de menor nivel de subsidios se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE o estar en el registro de urbanizaciones cerradas (countries).

Con respecto a los criterios socioeconómicos, los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Esto incluye a los usuarios con ingresos de más de $300.000 (equivalentes a 3,5 canastas básicas totales), que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

Los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima accederán a la tarifa social.

También podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.

En este segmento, los criterios de exclusión contemplados son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.

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